Vinculan con Cuba a magnate venezolano preso
Por GERARDO REYES
greyes@elnuevoherald.com
El viernes 17 de octubre del 2008 a las 10 a.m. en el sector de
Carrasquilla, Ciudad Panamá, una mujer que conducía un vehículo Mazda
blanco fue interceptada por otra que le disparó 15 veces.
La mujer sobrevivió.
Ocho balas hicieron impacto en su cuerpo. Una entró por la sien y salió
por el párpado dejándola ciega del ojo izquierdo.
El atentado se convirtió en un nuevo embrollo para la ya complicada vida
pública del empresario venezolano Ricardo Fernández Barruecos, hoy preso
en Caracas por fraude bancario.
La víctima era la esposa de Luis Castro, un ex consultor de seguridad de
las empresas de Fernández en Panamá, quien se había marchado el año
anterior por una serie de discrepancias con los propietarios y algunos
directivos.
A los cuatro días del atentado, Castro se presentó en la fiscalía
auxiliar de Panamá y pidió que fueran investigados Fernández, sus
hermanos Felipe y Gustavo, y otros empleados y directivos de la empresa,
según una declaración bajo juramento en poder de El Nuevo Herald.
Si bien la declaración de Castro no contiene un señalamiento definitivo
que comprometa a Fernández ni a los demás en el atentado, el documento
puso al descubierto aspectos inéditos y sorprendentes de la compañía así
como de la personalidad y el pasado del empresario.
Entre ellos: las conexiones con el gobierno de Cuba, las tempestuosas
relaciones con Pedro Luis Martín Olivares, un oscuro ex funcionario de
la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela
(DISIP) y las tensas rencillas familiares de los Fernández Barruecos.
En numerosas entrevistas, Castro, quien ahora reside en Miami, amplió a
El Nuevo Herald las impresiones que recogió durante su corto paso por la
firma atunera Fextún en Panamá, controlada por Fernández, un empresario
venezolano-español de 44 años que trató siempre de mantener un perfil
discretísimo de su vida y sus negocios.
Fextún es sólo una de más de 200 empresas del grupo empresarial de
Fernández. Hasta el mes pasado, cuando fue detenido en Venezuela y sus
propiedades intervenidas, Fernández era uno de los hombres más ricos de
América Latina. En el 2005 su fortuna fue calculada en $1,600 millones.
Dueño de un emporio agroindustrial integrado por la compañía pesquera
más grande del Pacífico Sur; inversiones en Panamá, Costa Rica, Colombia
y Ecuador; una flota de buques tanqueros, un astillero en Panamá con
1,200 empleados, y últimamente cuatro bancos con sede en Caracas,
Fernández logró amasar gran parte de este fortuna durante el gobierno
del presidente Hugo Chávez.
Castro dijo que supo de las conexiones de Fernández con Cuba a raíz de
una conversación informal en la oficina de éste en Panamá. Estaban
también presentes Luis Javier Magallanes y Arturo Rodríguez, empleados
de seguridad de la organización en Venezuela.
Magallanes cometió la imprudencia de preguntar por 28 vehículos marca
BMW que habían sido enviados a Cuba desde un puerto venezolano, recordó
Castro.
"Fernández lo miró como diciéndole: '¿Y cómo es que este estúpido se
atreve a tocar este tema'', comentó Castro.
Visiblemente incómodo, Fernández explicó que los automóviles fueron
enviados para congraciarse con el gobierno cubano, agregó Castro.
Agregó que Fernández tenía una buena relación con el gobernante Raúl
Castro. Cuando Fidel muriera y Raúl tuviera el control absoluto del
poder, Fernández esperaba "tomar ventaja en la compra de algunas
empresas quebradas en Cuba a las cuales le inyectarían dinero para
reflotarlas'', explicó Castro.
Otra fuente que trabajó en la organización de Fernández y que pidió no
ser identificada por razones de seguridad, dijo a El Nuevo Herald que el
obsequio de los automóviles a funcionarios cubanos fue un gesto de
Fernández en compensación por su atraso en el cumplimiento de una misión
que le había asignado su amigo Chávez.
La misión consistía en cooperar con Cuba en un plan de recuperación
económica.
Según la fuente, Fernández parecía más interesado en el futuro que en el
presente de Cuba y sus continuos viajes a la isla y reuniones con el
entonces canciller Felipe Pérez Roque buscaban allanar el camino "para
ser el primero'' a la hora en que se desintegrara el régimen comunista.
El gobierno cubano anunció en marzo de este año la destitución de Pérez
Roque en medio de una purga política que incluyó al vicepresidente
Carlos Lage y a otras altas figuras de la nomenclatura castrista.
Antonio Guerrero, abogado de Fernández en Venezuela, dijo a El Nuevo
Herald que desconoce los detalles de la declaración de Castro en Panamá,
pero explicó que están surgiendo toda clase de versiones para hundir
injustamente a su cliente, ya sea mostrándolo como un enemigo soterrado
de Chávez o como un estafador.
"Vamos a demostrar que Ricardo es inocente de todo lo que le atribuyen y
que la Superintendencia de Bancos manipuló la información'', afirmó
Guerrero, aludiendo a la investigación que realizó ese organismo por
supuestos autopréstamos millonarios de los bancos de Fernández.
Cuando fue contratado en septiembre del 2007, Castro se desempeñaba como
consultor de seguridad de empresas y mantenía estrechos lazos con
funcionarios federales de Estados Unidos por diversas operaciones
conjuntas que realizó en Venezuela en su calidad de especialista en el
área de terminales marítimas y aéreas.
La gerencia de Fextún asignó a Castro, un ex detective de 43 años, la
seguridad de la compañía para evitar que los buques atuneros fueran
usados para trasiego de drogas o personas. Su esposa fue contratada como
asistente de la gerencia.
Pero quizás en lo que sus nuevos patronos le hicieron mayor hincapié fue
en investigar los movimientos de Martín, ex director de inteligencia
financiera de la DISIP.
Martín y Fernández habían tenido un altercado por un negocio cuyos
detalles Castro ignora. Aparentemente, Fernández le debía dinero a
Martín, dijo.
Fernández pensaba que Martín estaba empeñado en arruinar su reputación.
Para ello utilizaba su poder en los organismos de inteligencia de
Venezuela y el acceso que tenía a un agente del Buró de Investigaciones
(FBI) en la embajada de Estados Unidos en Caracas.
También sospechaba que Martín había pasado información falsa al gobierno
de Estados Unidos sobre una supuesta utilización del avión ejecutivo de
su propiedad para introducir drogas a este país.
Agentes de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA)
confiscaron el avión en mayo del 2007 en Fort Lauderdale.
Investigaciones posteriores realizadas por consultores de Fernández
hallaron que el plan original de sus enemigos era plantar droga en el
avión. El ardid no resultó porque la aeronave no hizo escala en la
ciudad venezolana donde se le cargarían dos kilos de cocaína.
Un año después del incidente en el aeropuerto de Fort Lauderdale,
Fernández debió pagar una multa de $1 millón y fue obligado a vender el
avión por irregularidades administrativas relacionadas con su matrícula.
El arreglo con el gobierno no contenía ninguna cláusula que
comprometiera a Fernández en narcotráfico.
Con el paso del tiempo, Castro entendió las dimensiones de la guerra que
supuestamente libraba Martín contra Fernández. En un viaje a la planta
Propesca, empresa del conglomerado en Manta, Ecuador, se enteró de
nuevos detalles.
Allí, recordó Castro, recibió un dossier que había sido interceptado a
Martín y que se refería a actividades presuntamente ilegales de Fernández.
Castro mostró a El Nuevo Herald el expediente que presuntamente Martín
preparaba para desacreditar a Fernández.
Entre los documentos, Martín informa de una supuesta investigación por
lavado de dinero de las empresas de Fernández a través de la compraventa
de bonos de deuda pública (conocidos como Bonos del Sur) y de la estatal
petrolera PDVSA; hay registros migratorios de Fernández desde 1974 hasta
el 2007 y tarjetas de identificación dactilar.
El Nuevo Herald intentó obtener comentarios de Martín, pero en Venezuela
ex funcionarios de inteligencia informaron que sus números telefónicos,
los cuales están cambiando a menudo, son extremadamente difíciles de
conseguir.
"Cuando uno menciona a los amigos el nombre de Martín por teléfono,
ellos se hacen como si estuvieran sordos: '¿Quién? No te oigo bien',
dicen. Es un hombre del que nadie quiere hablar'', comentó un ex
funcionario de la DISIP.
Otro de los objetivos de la investigación encomendada a Castro fue Hugo
Carvajal, jefe de los servicios de inteligencia del ejército venezolano
y un hombre de acceso directo a Chávez.
Fernández pensaba que Carvajal, por su amistad con Martín, también
quería hacerle daño, sostuvo Castro.
En septiembre del año pasado, la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, designó a Carvajal como
un colaborador del terrorismo internacional, al afirmar que auxilió a
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) protegiendo
cargamentos de drogas y suministrándoles armas para que mantuvieran el
control militar del departamento colombiano de Arauca, en la frontera
oriental con Venezuela.
El tercer personaje en la mira de Fernández, por su asociación con los
dos anteriores, era el ex ministro de Interior y Justicia, Ramón
Rodríguez Chacín, explicó Castro. Rodríguez también fue designado por
OFAC como cooperador de las FARC.
"A mí me pusieron a investigar las relaciones de Martín Olivares y Hugo
Carvajal, las operaciones en Panamá, y si ellos estaban teniendo
entradas a Colombia o Ecuador'', indicó Castro.
En medio de su trabajo de identificar las fallas de seguridad de las
empresas y al mismo tiempo investigar a los enemigos y competidores de
Fernández, Castro empezó a percibir actitudes de desconfianza hacia él,
recordó.
Tanto el abogado de la organización, José Gregorio Camacho Uzcátegui,
como el socio de la atunera, el costarricense Manuel Pérez Pazos,
estaban bajo la impresión de que Castro había sido la fuente de un
artículo periodístico publicado en Ecuador sobre las inversiones del
grupo en ese país. Castro lo negó.
También pensaban que Castro estaba detrás de informaciones relacionadas
con la financiación de Fernández de la campaña de la candidata
presidencial panameña Balbina Herrera este año.
Días después, el asunto fue más delicado: Bernardo, uno de los hermanos
de Fernández, le hizo saber a Castro, a través de otros ejecutivos de la
organización, que se habían enterado de que estaba ofreciendo para la
venta información del conglomerado empresarial al gobierno de Estados
Unidos, según la declaración de Castro ante la fiscalía panameña.
De acuerdo con esa versión, Castro había ofrecido la información a un
agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de apellido Stuart,
que trabajaba en la embajada de Estados Unidos en Panamá.
"Todo esto era falso y absurdo'', comentó Castro. "¿Cómo voy a poner yo
en riesgo un empleo por el cual recibíamos entre los dos, mi esposa y
yo, $10,000 mensuales, carro y apartamento con vista al mar, viáticos y
pasajes? Hay que ser bien bruto'', agregó.
En abril del 2008, indignado con la acusación, recordó Castro, se
dirigió a la sede de las oficinas de la empresa en el edificio Dressner
de ciudad de Panamá y recogió sus cosas.
"Sospechaba de una conspiración interna para lograr mi salida'', declaró
Castro a la fiscalía.
Ante la sorpresa de quienes seguían de cerca la batalla, Fernández se
reconcilió con Martín un año después por sugerencia de Chávez, según una
fuente familiarizada con Fernández.
Castro aseguró que días antes del atentado a su esposa, había sido
perseguido por tres automóviles diferentes y que recibió amenazas desde
el correo electrónico yonosetusisabes@yahoo.com.
El autor anónimo de los mensajes citó ciudades específicas donde vivían
familiares de Castro en Venezuela y le advirtió: "No sólo en Cuba y
Venezuela existe el G-2, [servicios de inteligencia cubana], también en
Panamá''.
En vista de esta situación, Castro dijo que radicó una declaración en la
notaría cuarta de Panamá, responsabilizando de cualquier cosa que le
ocurriera a él o a su familia a los hermanos Fernández y a directivos y
empleados de la compañía.
"El atentado iba a ser perpetrado contra mí pero al no encontrarme yo en
la ciudad de Panamá por cumplir compromisos en los Estados Unidos,
dieron la orden de actuar en contra de mi familia'', declaró Castro,
según una copia de su testimonio obtenida por El Nuevo Herald.
Castro sostuvo que los directivos de la empresa buscaban excusas para
sacarlo debido a que manejaba mucha información y para que no tuviera
acceso "a información más sensitiva''.
La investigación en Panamá por el atentado contra su esposa continúa
abierta. Las autoridades identificaron a la mujer que disparó como
miembro de la banda Matar o Morir, del barrio Cruz Blanca, sector
Curundú, en Ciudad Panamá.
Vinculan con Cuba a magnate venezolano preso - Cuba - ElNuevoHerald.com
(26 December 2009)
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/cuba/v-fullstory/story/617085.html
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