El apoyo gubernamental del país ibérico es por dos años
Juan Adolfo Fernández (periodista, 61 años) fue el último opositor
cubano en sumarse al goteo de disidentes que liberó el régimen
castrista. La lista incluye, en total, a 26 excarcelados y unos 150
familiares.
José Ubaldo Izquierdo partió rumbo a Chile y más de uno ve a Miami como
su próximo destino. La mayoría de ellos, sin embargo, se ha acogido al
estatuto de protección subsidiaria, un régimen jurídico que no les
impide volver a Cuba, aunque previamente deban pedir permiso a la isla.
El resto se ha decantado por el asilo político, cuya tramitación no
puede superar los seis meses. En ambos casos, los peticionarios reciben
un permiso de residencia y trabajo; y durante 18 meses (el periodo puede
extenderse hasta los dos años) contarán con apoyo para su supervivencia
gracias a un acuerdo que el Ministerio de Trabajo e Inmigración tiene
con tres ONG (Cruz Roja, Accem y la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado, CEAR).
A su llegada a España, Cruz Roja activa un operativo de emergencia. Es
lo que las entidades denominan "primera acogida". "Los recibimos en el
aeropuerto, los trasladamos a un hotel y les brindamos atención médica y
asesoría", comenta su portavoz, Blas Bayona. En una segunda etapa, los
disidentes son alojados en pisos de acogida temporales (las ONG
determinan las ciudades en función de la disponibilidad de plazas). A
partir de ese momento, reciben las ayudas ofrecidas por el gobierno
español. Entre ellas, una prestación económica mensual. En CEAR
prefieren no dar cifras. "Depende del número de personas y de las
edades, pero son recursos suficientes para normalizar su situación",
advierten. Si rechazan mudarse a otra Comunidad Autónoma, deberán
costearse el alojamiento, pero no pierden los otros beneficios. La
tercera fase arranca con la localización de una vivienda estable.
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