Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, julio (www.cubanet.org) - La callada por respuesta es
el método que utiliza frecuentemente el gobierno para desestimar las
solicitudes que hacen sus disidentes, amparados en el derecho de
petición. Frente a esa actitud poco ha podido hacerse. Sin embargo, un
acontecimiento reciente demostró que pueden emprenderse acciones legales
contra el silencio de la administración socialista.
La organización de abogados independientes Asociación Jurídica Cubana
(AJC), demandó ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana a la
Ministra de Justicia María Esther Reus, por impedirles ejercer el
derecho de asociarse legalmente, el pasado 24 de junio.
El acontecimiento, calificado de excepcional por los juristas, no tiene
precedentes en los 51 años de revolución. Es la primera vez que una
organización discrepante interpone una acción legal, ante un tribunal,
contra un representante del gobierno.
Los disidentes que han solicitado reconocimiento legal para funcionar
como organizaciones No Gubernamentales (ONG), no reciben respuesta. A
esto se suma que la amenaza comúnmente empleada por los órganos de
Seguridad del Estado contra la oposición, es acusarlos de un delito de
asociación ilícita.
La legislación penal sanciona con privación de libertad de 1 a 3 meses a
la persona que pertenezca, como asociado o afiliado, a una asociación no
inscripta en el registro correspondiente. La sanción se triplica para
los promotores o directores de la misma.
La AJC, fundada el 1ro. de octubre de 2008, está presidida por el
Licenciado Wilfredo Vallín Almeida. Tiene como propósito contribuir
mediante seminarios, círculos de estudio, etc., a la elevación del nivel
de conciencia y conocimientos jurídicos de la sociedad civil cubana.
También tiene como objetivo promocionar el contenido, importancia y
trascendencia de los pactos internacionales firmados por el gobierno, en
particular los de derechos humanos pendientes de ratificación. De la
misma forma, asesora a los ciudadanos que soliciten sus servicios, sin
ánimo de lucro, en problemas de índole jurídica.
Después de cumplir con los requisitos exigidos por Ley 54, del 27 de
diciembre de 1985, "Ley de Asociaciones" y su reglamento, el 7 de abril
de 2009, AJC dio el primer paso para pedir al gobierno cubano el
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Presentó una solicitud al Registro de Asociaciones del Ministerio de
Justicia (MINJUS), para que expidiera certificación donde acreditara
que no existe en el país ninguna ONG con el nombre y los mismos
propósitos de AJC.
El documento es imprescindible para dar el siguiente paso en la
legalización del gremio: solicitar a la Unión de Juristas de Cuba,
organización estatal que tiene relación afín con la asociación de
abogados cubanos, la autorización para la constitución del ente.
El gremio estatal remite un informe al MINJUS exponiendo si procede o
no la constitución de la asociación. El ministerio, por medio de
resolución, deniega o no la autorización. En caso de ser afirmativa su
respuesta, se procede a la inscripción de la organización. El sistema
legal no considerará asociación a la agrupación que no aparezca inscrita
en el Registro de Asociaciones
Como de costumbre, la institución estatal no emitió la certificación,
impidiendo con ello el ejercicio legal del derecho de asociación a los
letrados. En marzo de 2010 el grupo decidió reiterar la solicitud, esta
vez con la firme intención de hacer valer sus derechos en la vía judicial.
El departamento del Registro de Asociaciones del MINJUS ignoró
nuevamente la solicitud. AJC recurrió la decisión, en Recurso de Alzada,
ante la ministra, Reus González, por quebrantamiento de la formalidad
legal exigida.
La ministra actuó de la misma forma. Se venció el plazo máximo en el que
debía dictar la resolución, hecho que dio por notificado al gremio, con
respecto a la decisión de la representante gubernamental. De esta forma
se abrió la posibilidad de pedir auxilio, en alzada, a través de la vía
judicial.
El 29 de junio el Tribunal Provincial Popular radicó la demanda en el
expediente no 338. El licenciado Vallín Almeida, en representación de la
organización, intenta impugnar la decisión adoptada (silencio
administrativo) por el Departamento de Asociaciones, a cargo del
Ministerio de Justicia. A partir de ese momento, el tribunal tiene
términos legales precisos para actuar. El juez ponente del caso será
Jolene Pereira Basanta.
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