Gustavo Pardo Valdés
LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) - Tras cincuenta y un años
de procurar "la nueva sociedad"; el régimen de los hermanos Castro se ve
en la necesidad de hallar nuevos derroteros por donde guiar la escorada
nave de la revolución, tratando de preservar lo que se pueda del modelo
socio-castrista.
Desde sus inicios, el régimen procuró poner bajo su control la mayor
parte de la economía del país, proyecto que culminó con la ofensiva
revolucionaria del año 1968 y las cíclicas "rectificaciones de errores",
tendientes a terminar con la iniciativa privada que aun subsistía.
Al lograr el control de la producción de bienes y servicios, el Gobierno
se fue el mayor empleador de la fuerza laboral del país; lo cual
convirtió a los trabajadores en subordinados de los interese estatales.
En cada centro de trabajo fueron establecidos núcleos del PCC y la UJC,
destinados a garantizar el control político-administrativo en cada uno
de ellos; contribuyendo así a eliminar la independencia del movimiento
laboral.
Las nóminas de trabajadores fueron infladas para brindar al mundo la
imagen de un país libre de desempleo; a lo que se sumaba la salud, la
educación y el deporte, para completar el cuadro de logros del paraíso
socialista cubano. Los costos que implicaba esta enajenación fueron
llevando al país al estado actual de insostenibilidad económica.
Tras la enfermedad de Fidel Castro, el sucesor, su hermano Raúl,
proclamó la necesidad de emprender cambios estructurales, considerándose
este anuncio el inicio de un proceso de reformas económicas destinadas a
aliviar la crítica situación existente en el país. No obstante, pasaron
los años, y todo seguía igual.
Los cambios de rostros se sucedían en las altas esferas; la población
percibía que su situación económica se agravaba; menos productos,
mayores precios y peor calidad. Los analistas de la situación cubana
coincidían en que era urgente la implementación de cambios; e intuían
que algo estaba por suceder.
Recientemente, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), anunció un plan
de medidas que se pondrá en marcha a partir del primer trimestre de
2011, que dejará en la calle a más de medio millón de trabajadores. Por
fin, Fidel Castro ha manifestado su acuerdo con estos cambios, abriendo
el camino hacia lo desconocido.
Considerando que una familia cubana promedio la componen cinco personas,
la cifre de afectados podrá alcanzar a dos millones de individuos;
situación que el gobierno pretende solventar liberando el trabajo por
cuenta propia. La cuestión es: ¿de dónde los cubanos sacarán los
recursos para adquirir los productos que estos negocios pondrán al
alcance de la población? La respuesta es obvia: mayor corrupción,
delincuencia e inestabilidad social generalizada.
La percepción popular es que estas medidas han llegado demasiado tarde y
se vislumbra para Cuba, un futuro negro.
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