Naciones Unidas
La Habana promete otra vez permitir la visita a la Isla del relator
sobre la tortura
Agencias
Ginebra 01-06-2012 - 6:16 pm.
El Comité contra la Tortura pide al Gobierno una investigación
'imparcial, exhaustiva y sin demora' de la muerte de al menos 202 presos
en las cárceles de la Isla entre 2010 y 2011.
El Gobierno cubano se comprometió este viernes ante los miembros del
Comité de la ONU contra la Tortura a autorizar la visita del relator
especial de Naciones Unidas para este tema, el argentino Juan Méndez,
cuyo predecesor intentó sin éxito durante años obtener autorización para
entrar a la Isla, informó EFE.
El jurista y miembro del comité Fernando Mariño dijo a EFE que los
delegados cubanos que participaron en la sesión en la que se examinó el
caso de la Isla "se han comprometido a arreglar una visita" del actual
relator, aunque no precisaron en qué fecha.
Si esto se concreta, "habría un órgano internacional independiente y
competente que podría desplazarse a todos los lugares donde hay
detenidos e informaría de manera autónoma sobre lo que allí ocurre",
destacó.
Para La Habana significaría demostrar "que no tiene miedo político a
someterse a un control por organismos exteriores".
El Gobierno cubano ha impedido durante décadas la entrada de
organizaciones internacionales y de derechos humanos a las cárceles de
la Isla.
Al antecesor de Méndez, el austriaco Manfred Nowak, La Habana le
prometió en febrero de 2009 una visita a la Isla. Pero tras varias
negociaciones de fechas y la advertencia del régimen de que impondría
condiciones, la invitación nunca se concretó.
Nowak dijo que su intención era ver a todo tipo de presos, incluidos los
políticos, y a sus familiares.
Una investigación imparcial de las muertes en prisión
Por otra parte, el Comité contra la Tortura pidió a La Habana este
viernes una investigación imparcial sobre las muertes de 202 presos,
reportó la AFP.
La resolución final del examen sobre la situación en Cuba pidió que "se
investiguen sin demora, exhaustivamente, con imparcialidad y de modo
eficaz todas las muertes de detenidos", que "de acuerdo con la escasa
información facilitada, entre 2010 y 2011, fueron unas 202, una cifra
que el Comité considera elevada".
Constituido por diez expertos independientes de distintas
nacionalidades, elegidos por el voto secreto de los 150 Estados que han
ratificado la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité examina periódicamente a
dichos países.
"El Comité deplora que la información sobre la muerte del detenido en
huelga de hambre Orlanda Zapata Tamayo fuera proporcionada de modo
extemporáneo sin posibilidad de entablar dialogo alguno", indicó el
documento, en alusión a la comparecencia de la representación de La
Habana el 22 y 23 de mayo pasados.
"Lamenta también la falta de información sobre la muerte en custodia
policial de Juan Wilfredo Soto García, tal como se solicitó en la lista
de cuestiones" que el Comité hizo llegar a las autoridades cubanas
varios meses atrás, sin conseguir una respuesta satisfactoria.
El Comité criticó las "detenciones arbitrarias por periodos breves, el
uso de figuras penales ambiguas como la "peligrosidad social
predelictiva" para justificar medidas de seguridad, restricciones a la
libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones
físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento, presuntamente
cometidos" por agentes del Estado.
Estas detenciones arbitrarias, por una duración de hasta una semana, se
elevan a unas 2.400 en lo que va de 2012, según los datos que maneja el
Comité, lo cual se suma a "actos de repudio" frente a los domicilios de
miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y de las Damas de
Blanco", dijo la entidad.
Reclamó "garantizar el respeto de las libertades personal y de libre
circulación, incluido su derecho a retornar a Cuba, a las personas
excarceladas bajo "licencia extrapenal".
Asimismo, exhortó a La Habana a "poner fin a la detención administrativa
con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas, como la
peligrosidad social predelictiva", cuyas víctimas sufrirían "el
internamiento de uno a cuatro años en establecimientos especializados de
trabajo o estudio, asistenciales, psiquiátricos o de desintoxicación".
El Comité criticó además "la falta de independencia respecto de los
poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la
función de los abogados", y pidió "medidas legislativas para garantizar
la independencia del poder judicial".
Denunció "el uso de métodos coercitivos en interrogatorios, en
particular la privación del sueño, reclusión en condiciones de
aislamiento y exposición a cambios bruscos de temperatura", esperando
que, en la práctica, se tomen medidas de "inadmisibilidad" para
confesiones "obtenidas mediante coacción".
El Comité instó al Gobierno cubano a ratificar "los tratados
fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas", concretamente
los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como las Convenciones para proteger a los
Refugiados y a los Apátridas.
http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/11384-la-habana-promete-otra-vez-autorizar-la-visita-la-isla-del-relator-sobre-la-t
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