Jueves, 03 de Noviembre de 2011 09:21
Osmar Laffita
Capdevila, La Habana, (PD) El gobierno cubano dispone de una
burocratizada estructura de inspección, la cual en estos 10 meses ha
realizado sorpresivas inspecciones a centenares de empresas y unidades
presupuestadas a lo largo ancho del país.
La Contraloría General de la República y la Fiscalía someten a rigurosos
controles el desempeño de los ejecutivos de las empresas, pero las
conclusiones y medidas tomadas contra los infractores no se conocen. No
obstante, la población sabe que el robo y la corrupción cada día cobran
mayor fuerza como consecuencia de los descontroles y la impunidad reinante.
La situación en este terreno es sumamente resbaladiza. Por un lado,
miles de los funcionarios en la práctica desempeñan el rol de perros
sabuesos para atrapar a los malhechores. Pero por la cara oculta de la
Luna, no pocos dirigentes de empresas, en contubernio con sus allegados
de más confianza, disponen de los recursos puestos en sus manos y los
desvían al creciente y lucrativo mercado negro.
Estos maleantes públicos y ocultos en su ilegal y floreciente negocio
tienen como compinche a almaceneros, transportistas, intermediarios,
revendedores que pagan de manera exponencial por la mercancía robada,
que cuando llega al consumidor, se ha multiplicado 300 veces su precio
original.
Los que se dedican negocio en el mercado negro conocen los códigos del
negocio legal, están al tanto de las mercancías de mayor demanda, de sus
precios, las cantidades almacenadas. Aparentemente todo se desenvuelve
en un ambiente sano; los almacenes, bases de trasporte, tiendas,
cafeterías, mercados agropecuarios y terminales de ómnibus, están
rigurosamente protegidos y vigilados.
En La Habana, por ejemplo, circulan uno 5 000 autos de alquiler
particular, los conocidos "boteros". La gran mayoría de estos vehículos
son de procedencia norteamericana, fabricados en las décadas del 40 y 50
del siglo pasado, los llamados "almendrones". Más del 97% tienen motores
diesel, después haber sido sometidos a un proceso de reconversión.
El Estado vende el galón de diesel a 4.40 dólar, pero ni pensar que los
propietarios de estos autos lo pagan a ese precio, porque no les da la
ecuación costo-beneficio. Por eso, lo compran en las entidades del
Estado que tienen vehículos que funcionan con diesel. Lo pagan a 0.85
dólar y cuando la cosa aprieta, a un dólar.
Las pizzerías, paladares y cafeterías compran la harina y el aceite en
las panaderías estatales. Estos establecimientos suministran estos
productos a un precio menor del que se vende en las Tiendas de
Recuperación de Divisas (TRD). El aceite comestible vale 2,40 dólares,
pero el que compran en estos establecimientos les cuesta 0.48 dólares.
La situación no es sencilla. Al cierre de de septiembre se habían
entregado 338 280 licencias para el trabajo por cuenta propia. De ellos,
54 675 para la trasportación de pasajeros y carga, le siguen 51 461
micros empresarios dedicados a la elaboración y venta de alimentos. Para
garantizar su trabajo diario, estos pequeños propietarios y los choferes
de los "almendrones" compran los insumos y el combustible en los diverso
establecimientos estatales, de donde son sustraídos de los almacenes, a
precio muy por debajo del que se oferta en las TRD.
Esto es un ejemplo de las torpezas en que incurren las autoridades, que
a pesar de autorizar el trabajo por cuenta propia, hace ya un año,
todavía no han abierto un solo almacén de venta de productos a precios
mayoristas.
Como era de esperar, esta desidia ha dado lugar a un floreciente y
lucrativo negocio ilegal. Los recursos puestos en manos de los
funcionarios encargados de cuidarlos, sencillamente no pocos de ellos se
los roban y los desvían hacia el mercado negro. Con estas ventas
engordan sus bolsillos, porque con el cuentapropismo han descubierto la
fórmula de hacerse ricos.
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