Sospechosa de asesinato sale del país

Sospechosa de asesinato sale del país
Monday, September 5, 2011 | Por Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) – El Ministerio del
Interior (MININT) mantiene en prisión a 6 personas por un supuesto
delito de asesinato, mientras ha dejado escapar a la testigo presencial
y principal sospechosa del caso.

Leonardo Rodríguez, Pedro Valerino, Jesús Daniel Forcade, Ramón
Hechavarría, Leonardo Limonta y Juan Enrique Galindo, fueron detenidos
entre octubre y noviembre de 2010, por el asesinato del joyero, Humberto
González, la madrugada del 14 de septiembre de ese año. Al presente, el
caso sigue en proceso instructivo.

La fiscalía decidió aplicar la medida cautelar de prisión provisional a
estas personas porque supuestamente ocasionaron al joyero lesiones que
le provocaron la muerte. La muerte de González fue violenta, provocada
por asfixia mecánica, por presión sobre el cuello y obstrucción de los
orificios nasales y la boca, según certificó Medicina Legal.

Según la hipótesis de las autoridades, los sospechosos robaron en la
vivienda del señor González Otaño, con el rostro cubierto, mientras este
dormía junto a su esposa, Esther Fernández Almeida. Después de hacerlo
confesar donde guardaba el dinero y las joyas, se marcharon dejándolos
encerrados en la vivienda.

Supuestamente, la esposa del orfebre no pudo identificar a los dos
agresores que penetraron en su vivienda, vestidos con ropas oscuras,
mascaras y guantes. Según sus declaraciones, entre los objetos
sustraídos se encontraban 5 sortijas, 3 cadenas y 2 pulsos, todos de oro
18 quilates, además de dinero en moneda nacional, pesos convertibles y
dólares norteamericanos, sin poder precisar la cifra exacta.

No obstante ser la única testigo presencial de los hechos y la última
persona que vio con vida al joyero asesinado, las autoridades le dieron
a Fernández Almeida un permiso para salir del país hacia España, el
pasado 23 de marzo.

Humberto González Otaño se dedicaba a comercializar joyas, cambiar pesos
convertibles por dólares norteamericanos y guardaba elevadas sumas de
dinero y prendas, en su casa, en San Miguel del Padrón. Según declararon
los detenidos, era conocido en La Habana como el hombre que mejor pagaba
el oro.

Según consta en el expediente de fase preparatoria a cargo de la
División de Investigaciones Criminales y Operaciones (DIVICO), conocido
como 100 y Aldabó, en el capitalino municipio Boyeros, los detenidos
confesaron que planearon, y en dos ocasiones intentaron, robar en casa
de Tarzán, apodo con el que conocían al joyero, pero desistieron de hacerlo.

Tampoco existe evidencia física que ubique a los sospechosos en la
escena del crimen. No obstante, las autoridades los mantienen bajo
prisión provisional, aun cuando los actos preparatorios a la ejecución
de un delito y el desistimiento, según el Código Penal cubano, no son
sancionable.

La mayoría de los encausados residen en Mantilla, barriada marginal y de
alto índice de peligrosidad del periférico municipio Arroyo Naranjo, el
más pobre de la capital cubana. Sus familiares protestan porque las
autoridades no tienen pruebas que destruyan la inocencia de estos, y
afirman, que los mantienen bajo prisión, por tener antecedentes penales
en delitos de robo con fuerza.

A pesar de que la prolongación excesiva de la detención preventiva
afecta la presunción de inocencia y lesiona el derecho a la libertad
personal, en la legislación cubana no existen plazos máximos
establecidos para mantener en prisión a una persona durante el
desarrollo de un proceso penal.

Una de las madres de los detenidos presentó una queja por escrito ante
el Ministerio Fiscal y del Interior, y el órgano de justicia en la
capital. Recibió respuesta del Tribunal de la Habana, que se reconoció
incompetente para conocer el asunto, porque el caso aun se encontraba
bajo proceso instructivo.

El gobierno cubano irrespeta las garantías del debido proceso, mientras
sus ciudadanos carecen de recursos legales efectivos para defenderse del
exceso de poder de las autoridades; más cuando en Cuba, ningún tribunal
tiene jurisdicción para conocer asuntos de materia constitucional, aun
cuando se trate de violación de los derechos humanos.

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