Tuesday, May 17, 2011 | Por Miguel Saludes
MIAMI, Florida, mayo, www.cubanet.org -La nota informativa publicada en
la prensa cubana acusando de campaña difamatoria los reclamos para se
investigue la muerte de un disidente, pone en evidencia una vez más la
situación que pesa sobre los derechos humanos en Cuba. Raramente los
medios oficialistas de la Isla se hacen eco de sucesos relacionados con
noticias de esa índole ocurridos en el contexto nacional. Cuando lo
hacen es bajo el imperativo de la gravedad del acontecimiento o la
notoriedad ocasionada por la comunicación que desbordó el control.
El evento que provocó la respuesta gubernamental en esta ocasión fue el
fallecimiento del opositor Juan Wilfredo Soto García, ocurrida apenas un
día después de un incidente por el que fuera detenido en un céntrico
parque de Santa Clara. Las dudas sobre la causa real del deceso
motivaron la protesta de Guillermo Fariñas y varios opositores agrupados
en la Alianza Democrática Cubana (ADECU) quienes hicieron pública
declaración pidiendo el esclarecimiento de esta muerte.
En rechazo a la versión oficial de los hechos, que niega cualquier acto
violento cometido contra el detenido, así como responsabilidad sobre de
una defunción achacada a problemas de salud, los opositores alegan que
las autoridades pretenden encubrir lo que pudo ser un acto criminal que
debe ser investigado de manera pública y transparente para que los
culpables reciban justo castigo.
Sucesos de este tipo suelen verificarse en cualquier parte del mundo.
Cuba no es la excepción, incluso cuando la contingencia no tiene por
orígenes motivaciones políticas. Ninguna sociedad, aún las que cuentan
con un sistema legal de mayor transparencia, está inmunizada contra los
abusadores y violadores del derecho ciudadano. Es mucho peor si sociedad
se halla sometida a una dictadura o al régimen de un partido que no
admite opiniones contrarias y que hace cualquier cosa por impedir el
disentimiento abierto. Esto explica la reacción promovida por el caso de
Soto García.
Lejos de emprender una investigaciones con toda la rigurosidad, las
autoridades del país se acomodan al mensaje divulgado por una prensa que
responde ciento por ciento a sus intereses, donde hasta los testimonios
presentados no son dignos de confianza, aunque vengan con el aval de un
facultativo y familiares de la víctima.
En Cuba las arbitrariedades e irregularidades ocurren frecuentemente en
cualquier terreno. En los años que estuve al frente de la Pastoral
Carcelaria en la Iglesia Católica pude conocer de muchos excesos
cometidos contra presos comunes que cumplían sanción por delitos
probados. En adición al castigo impuesto por las leyes recibieron
maltratos que en ciertos casos produjeron un desenlace fatal. Al menos
en los que conocí el atropello de los uniformados quedó impune, a pesar
de las quejas y denuncias de los represaliados o sus familiares. Así
ocurrió con una joven reclusa en la prisión de Manto Negro, muerta tras
recibir varios golpes, uno de ellos en la cabeza. Según los reportes
médicos la muchacha tenía un tumor en el cerebro.
Había otras violaciones flagrantes que de alguna manera ponían sobre la
mesa el desamparo de la gente frente a la corrupción y la impunidad en
que se mueven ciertos agentes y funcionarios del "orden", escudados por
el régimen de derecho proletario. Uno de los que debía ser defendido por
esas normas terminó pasando varios años tras las rejas, que ayudaron a
cerrar falsos testigos forzados por métodos crueles para que declarasen
contra el inocente.
Derrames cerebrales, fallas del corazón, comas diabéticos y múltiples
razones pueden aparecer como causales de un final con apariencia
natural, pero que pudo desencadenar una acción externa. El mal pre
existente la convierte en letal. Casos abundan, pero para el régimen
resulta más cómodo no reconocer esas realidades, o asegurar que son
parte de un plan para desacreditar y destruir a la Revolución cubana,
paradigma del respeto de los derechos.
Un artículo publicado en Granma bajo la firma del periodista Enrique
Ubieta Gómez expresa claramente el concepto castrista de estado derecho
vigente en el país: "Cuba, claro, no es un estado de derecho "burgués",
sino socialista, por voluntad de su pueblo expresada en las urnas." Solo
que son esos mismos trabajadores, estudiantes y ciudadanos comunes los
que reciben el impacto del arbitrario manejo del sistema de leyes bajo
ropaje proletario que sirven en beneficio de la nueva clase, dueña
absoluta del poder y del destino de la nación.
La pregunta afirmación publicada en el órgano oficial del Partido
Comunista cubano para desmentir a quienes demandan la intervención
imparcial de la justicia, denota la soberbia que caracteriza al estado
totalitario. La nota afirma que en más de cinco décadas no ha existido
un solo torturado, desaparecido o asesinado. Apenas a un año de lo
ocurrido con Orlando Zapata.
De nada sirve tratar de desmontar "Campañas" montando contra campañas,
no importa que para ello se utilice la mediación de familiares del
doliente o testigos oportunos que aplauden las bondades de la Revolución
y su infalible proceder en estos temas, sin exigir nada más. Basta
recordar los testimonios oficiales difundidos cuando el hundimiento del
remolcador 13 de Marzo, para demostrar que el naufragio fue accidental,
haciendo recaer el peso total de la culpa sobre los que escapaban a
bordo. Solo por citar uno de los hechos más graves ocurridos en este
"estado de derecho" al que se refiere el señor Ubieta, un horrendo
crimen aún por juzgar.
La investigación de las irregularidades debe ser un ejercicio normal en
un sistema que protege a la sociedad y demuestra la legitimidad de su
autoridad. La debida atención ante cualquier posible violación de las
leyes es práctica sana que no tiene nada que ver con visiones
cuarteleras de asedios enemigos para conseguir rendiciones
incondicionales. Más bien trabaja a favor del gobierno que la asume
constituyéndose en su mayor fortaleza.
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