El problema agrario
Dimas Castellanos
La Habana 17-05-2011 - 9:47 am.
De la Real Cédula de 1819 al sistema de planificación socialista.
¿Cuánto ha cambiado la lucha por la propiedad de la tierra en Cuba?
En la lucha por la propiedad de la tierra y contra el desalojo en Cuba,
muchos campesinos y trabajadores agrícolas perdieron su vida. Entre
ellos Niceto Pérez, asesinado el 17 de mayo de 1946. En homenaje a él y
al resto de los mártires del campo, ese día se promulgó la Ley de
Reforma Agraria en 1959 y se fundó la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP) en 1961. Una breve retrospectiva a tan
vital problema de nuestra historia permite conformar una idea acerca de
lo logrado y lo pendiente en esta materia.
La diversificación de la propiedad agraria comenzó en el siglo XVI con
la entrega de haciendas circulares para la cría de ganado a los
peninsulares asentados en Cuba. Posteriormente, en los espacios entre
haciendas —realengos— se autorizó a otros campesinos a crear sitios de
labor, pero la Real Cédula emitida en 1819 para definir los propietarios
legítimos, no reconoció a estos últimos. Por esa razón unas 10 mil
familias fueron despojadas de la tierra que trabajaban. Posteriormente
otros muchos agricultores fueron desplazados por el avance de la
industria azucarera, a lo que se unieron las órdenes 34 y 62, dictadas
en 1902 por el gobierno interventor, para que las compañías de
ferrocarril y los inversionistas norteamericanos pudieran adquirir
tierras. De ese proceso emergió el moderno latifundio, que concentró más
de la mitad de la tierra del país en manos de empresas nacionales y
extranjeras.
La inconformidad del campesinado había comenzado desde 1717, año en que
unos 500 vegueros efectuaron una protesta armada contra el monopolio del
tabaco que establecía el precio, la cantidad y prohibía vender los
excedentes, algo parecido a la actual Empresa de Acopio. Esas protestas
se repitieron hasta 1723, cuando fueron ahorcados los cosecheros de
Santiago de las Vegas; luego los campesinos estuvieron presentes en las
luchas independentistas del siglo XIX. De forma paralela se desarrolló
el asociacionismo para la defensa de sus intereses. En 1890 se fundó la
Asociación de Colonos en las zonas de Manzanillo y Bayamo, y en 1913 la
Asociación de Agricultores de la Isla de Cuba. A partir de 1930 tomó
auge la lucha contra el desalojo, por la propiedad de la tierra, así
como por mejores mercados, precios, créditos y rebajas de las rentas.
Bajo la orientación del Partido Comunista, en octubre de 1937, se
celebró el Primer Congreso Nacional Campesino y se crearon comités,
federaciones y uniones campesinas en las seis provincias del país,
algunas de cuyas demandas fueron refrendadas en la Constitución de 1940.
En el Segundo Congreso Nacional Campesino, en 1941, se creó la
Asociación Nacional Campesina (ANC); de igual forma, pero bajo la
dirección del Partido Auténtico se fundó la Confederación Campesina de
Cuba (CCC). Durante el gobierno de Fulgencio Batista, entre 1940 y 1944,
se instalaron familias en tierras abandonadas del Estado y de
latifundistas. Uno de esos casos se realizó en la hacienda Uvita, Sierra
Maestra, con más de mil caballerías. Sin embargo, a cada familia
asentada sólo le entregaron "cinco gallinas y un gallo, un arado, un
machete y unos cuantos pesos", algo parecido a la actual entrega de
tierras en usufructo por el Decreto-Ley 259. A pesar de esos esfuerzos,
en 1944 el 54% de la tierra seguía concentrada en grandes propiedades,
mientras muchos campesinos continuaban viviendo en la miseria.
En el alegato La historia me absolverá, el doctor Fidel Castro planteó
conceder la propiedad de la tierra a todos los colonos, subcolonos,
arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de hasta
cinco caballerías. En consecuencia, el 10 de octubre de 1958, la
Comandancia del Ejército Rebelde, mediante la Ley 3, dispuso la entrega
de tierras en propiedad a los que ocupaban lotes de menos de cinco
caballerías (67 hectáreas) y el 17 de mayo de 1959 se firmó la Ley de
Reforma Agraria, que limitó la gran propiedad a 402 hectáreas y entregó
títulos a unas cien mil familias, las que podían obtener 26,8 hectáreas
sin pago y comprar lotes adicionales hasta completar 67 hectáreas, es
decir, cinco caballerías. Con esta Ley el Estado concentró en sus manos
el 40,2% de la superficie cultivable del país.
La Segunda Ley, dictada el 3 de octubre de 1963, rebajó el máximo de 402
hasta 67 hectáreas, con lo que otras 100 mil fincas pasaron a manos del
Estado, que aumentó sus propiedades hasta el 70% de la tierra
cultivable, concentrando un volumen superior al de todos los latifundios
anteriores. Luego, en la década del 70, con el intento de reducir más la
propiedad privada, se insistió en la socialización de las fincas que
habían quedado en manos de particulares. Resultado de esa labor, el
número de Cooperativas de Producción Agropecuarias aumentó de 136 en
1977 a 1.369 en 1986, el 64% de las tierras privadas; un proceso en el
cual la ANAP tuvo que intervenir de manera directa para convencer a los
campesinos de unir sus fincas y trabajar colectivamente. En la
actualidad las tierras no estatales —aproximadamente una cuarta parte de
las cultivables— siembran más de la mitad del tabaco, maíz, frijoles,
cacao, café y hortalizas que se producen en Cuba.
Raúl Castro, en el discurso pronunciado el 26 de julio de 2007 en
Camaguey, explicó la necesidad de producir en Cuba —donde sobra tierra y
las lluvias de los dos últimos años habían sido generosas— los alimentos
que se están comprando en el exterior a precios elevados. Es decir, tocó
el irresuelto tema de la ineficiencia de la agricultura estatal, de la
cual el azúcar es un caso paradigmático, ya que la Isla había emergido
desde el siglo XVIII como el mayor complejo azucarero del mundo. Sin
embargo, dos siglos después, cuando toda la industria y casi toda la
agricultura están en manos del Estado, se ha decrecido desde 8,5
millones y medio de toneladas producidas en 1970 a 1,2 aproximadamente
en la zafra 2010-2011. Un resultado similar a los primeros años del
siglo pasado y sin correspondencia con los miles de profesionales,
instituciones docentes e investigativas, maquinarias, sistemas de riego
y tecnología ahora existentes.
En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, aprobados recientemente, se ratificó: que el sistema de
planificación socialista continuará siendo la vía principal para la
dirección de la economía; que la empresa estatal socialista es la forma
principal; y que se continuará propiciando la participación de capital
extranjero. Sin embargo, resulta que el sistema de planificación
socialista, el monopolio de la propiedad estatal y el otorgamiento a
empresarios extranjeros de derechos que se niegan a los cubanos, están
entre las principales causas de la actual crisis. Tres aspectos
suficientes para conducir a nuevos fracasos.
Por las razones anteriores, el Gobierno cubano debería reformar el
Decreto-Ley 259 para entregar en propiedad a los campesinos la tierra
que el Estado fue incapaz de hacer producir, así como aumentar el límite
establecido de tres hasta cinco caballerías, en correspondencia con la
historia de las luchas campesinas, con la memoria de Niceto Pérez, con
las leyes precedentes y con las necesidades del país.
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