30 Junio 2010
Índice AI: PRE01/207/2010
El represivo sistema legal cubano ha creado un clima de temor entre
periodistas, disidentes y activistas, poniéndolos en riesgo de arrestos
arbitrarios y hostigamiento, dijo Amnistía Internacional en un informe
publicado hoy.
El informe Restricciones a la libertad de expresión en Cuba subraya las
medidas del sistema legal y las prácticas gubernamentales que restringen
la información dada a los medios y que se han utilizado para detener y
procesar a cientos de críticos del gobierno.
"Las leyes son tan vagas que casi cualquier acto de oposición puede
criminalizarse de alguna manera, por lo que es muy difícil que los
activistas hablen contra el gobierno. Es necesaria y urgente una reforma
para que todos los derechos humanos sean una realidad para todos los
cubanos", dijo Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de
Amnistía Internacional.
Yosvani Anzardo Hernández, director del periódico en línea Candonga, es
uno de los muchos periodistas independientes cubanos a quienes las
autoridades han arrestado arbitrariamente, interrogado e intimidado.
En septiembre de 2009, fue detenido arbitrariamente durante 14 días,
antes de ser liberado sin cargos. En ese momento, la policía confiscó su
computadora, desde donde se publicaba el sitio web, y desconectó su
línea telefónica.
Aunque Yosvani Anzardo está resignado a no continuar con el sitio, aún
no entiende por qué lo cerraron. "Esperábamos que el gobierno entendiera
que lo que hacíamos era ejercer un derecho; no dañamos a nadie", dijo el
periodista. "Sólo hicimos todo lo posible por informarr sobre lo que
sucedía en el país. Ellos [las autoridades] lo consideraron peligroso."
El Estado cubano tiene un monopolio virtual sobre los medios, aunque
exige que todos los periodistas se unan a la asociación nacional de
periodistas, que a su vez está controlada por el Partido Comunista.
Las autoridades también han establecido filtros para restringir el
acceso a blogs que critican abiertamente al gobierno y las restricciones
a las libertades fundamentales.
La Constitución cubana llega aún más lejos al limitar la libertad de
expresión, estableciendo que "ninguna de las libertades reconocidas para
los ciudadanos puede ejercerse contra lo que se establece en la
Constitución y la ley, o contra la existencia y objetivos del Estado
socialista, o contra la decisión del pueblo cubano de construir el
socialismo y el comunismo."
El Código Penal establece un rango de vagos cargos criminales que pueden
utilizarse para acallar la disidencia, tales como "peligrosidad social",
"propaganda enemiga", "desprecio a la autoridad", "resistencia",
"difamación de las instituciones nacionales" e "impresión clandestina".
También se han utilizado las medidas de la Ley 88 sobre la Protección de
la Independencia Nacional y la Economía de Cuba para reprimir la crítica
y castigar a los disidentes que trabajan para medios extranjeros.
Con un poder judicial que no es independiente ni imparcial, los críticos
del gobierno encuentran que un rango ilimitado de actos pueden
interpretarse como delictivos y terminan enfrentándose a juicios a
menudo sumarios e injustos.
Las autoridades cubanas niegan la existencia de presos políticos en el
país, pero Amnistía Internacional sabe de al menos 53 presos de
conciencia que permanecen encarcelados en el país por ejercer
pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Uno de los 75 disidentes arrestados en la represión de la "Primavera
Negra" en 2003, el periodista independiente Pablo Pacheco Ávila, fue
sentenciado a 20 años en prisión por escribir artículos en periódicos
extranjeros y en línea, dar entrevistas a estaciones de radio
extranjeras y publicar información en Internet.
A pesar de que algunos presos de conciencia son liberados por motivos de
salud, como Ariel Sigler Amaya en junio de 2010, la mayoría, incluyendo
a Pablo Pacheco Ávila, siguen presos.
El gobierno cubano intenta justificar su incapacidad para proteger los
derechos humanos señalando los efectos negativos el embargo impuesto por
los Estados Unidos.
"Queda claro que el embargo estadounidense tiene un impacto negativo en
el país, pero francamente es una excusa pobre para violar los derechos
del pueblo cubano", dijo Kerrie Howard. "El gobierno necesita encontrar
soluciones para terminar con las violaciones contra los derechos
humanos, y no excusas para perpetrarlas."
Amnistía Internacional llama al gobierno cubano a revocar o enmendar las
medidas legales que limitan la libertad de expresión, terminar con el
hostigamiento de los disidentes, liberar a todos los presos de
conciencia, y permitir el libre intercambio de información a través del
Internet y otros medios.
"Liberar a todos los presos de conciencia y terminar con el
hostigamiento a los disidentes son medidas que el gobierno cubano debe
tomar inmediata e incondicionalmente", dijo Kerrie Howard.
"Sin embargo, para honrar su compromiso con los derechos humanos, Cuba
también debe desmantelar la maquinaria represiva que ha construido
durante décadas, así como implementar las reformas necesarias para que
los derechos humanos sean una realidad para todos los cubanos."
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