La reforma de Mayabeque

Reformas

La reforma de Mayabeque

Es una ilusión mental creer que con una Asamblea Nacional elegida con
candidatos únicos pueda conseguirse una saludable separación de poderes
en la instancia local

Haroldo Dilla Alfonso, Santo Domingo | 13/09/2011

Quizás la única propuesta de reforma institucional formal, y
perteneciente a los municipios, que se ha manejado en Cuba en los
últimos tiempos, es el experimento que se llevará a cabo en las recién
formadas provincias de Mayabeque y Artemisa. Se define por sus
impulsores como un "reordenamiento estructural" que abarca hasta la
cuestión electoral, pero, afirman, sobre la base de las normas ya
existentes. Es decir, perfeccionamiento de pormenores, y regularmente de
valor funcional, en función de la viabilidad de los cambios económicos.

Obsérvese que digo "formal", es decir, que no solo implica una acción de
transformación de hecho, sino también de jure. Pues en realidad el
aparato estatal cubano sufre numerosas adaptaciones y transformaciones
de facto, aprobadas de manera discrecional por el General/Presidente y
su círculo más cercano, como es el caso de esa supercomisión económica
que nadie sabe cómo funciona, ni exactamente qué decide, y obviamente,
fuera de toda auditoría social. Es una brutal concentración de poderes
que quedó de manifiesto cuando el General/Presidente, en un acto de
vocación "democrática", informó al parlamento que se trabajaba en una
"actualización" migratoria. Es decir, que se trabajaba sobre el tema que
mantiene dividida a la nación cubana, que genera sufrimientos de todo
tipo a la sociedad y que finalmente trata de uno de los soportes de la
maltrecha economía nacional. Y solo eso, sin más información, sin
ofertas de un tratamiento público del tema, ni siquiera al nivel de esa
peccata minuta que se llama Asamblea Nacional del Poder Popular.

Pero entre las medidas que se anuncian y explican con mayor claridad
está una que me llama la atención: separar las autoridades
representativas y administrativas locales. Es decir, hacer recaer en
personas diferentes las presidencias de las asambleas de delegados y las
presidencias de los consejos de administración, que hoy recaen en una
sola persona, tal y como establece el artículo 117 de la constitución.

El cambio tendría un valor simbólico apreciable, pues hacer recaer las
funciones ejecutiva/administrativa y representativa en dos personas
diferentes, produce una cierta separación institucional entre dos tipos
de poderes que antes quedaban sumidos en uno solo en virtud de la
llamada "unidad de poder", pieza clave de los sistemas políticos del
llamado socialismo real. Y que en la práctica, dejando afuera los
elementos retóricos que le acompañaban, significa la absoluta
subordinación de todos los poderes al ejecutivo. De ahí se obtienen
desde jueces nombrados por el ejecutivo y atenidos a sus decisiones
hasta asambleas que siempre vota unánimes y solo discrepan en asuntos
menores. Pero obviamente nunca una democracia.

El experimento de Mayabeque y Artemisa ha despertado simpatías en muchas
personas y de muchas trincheras. Personalmente, me parece positivo que
algo se haga en materia institucional que conduzca a la desconcentración
y descentralización del poder. Pero creo que sin una adecuación
sistémica similar, se trataría de una acción sin más importancia que
darle algo que hacer a los aburridos técnicos de la Asamblea Nacional y
a los periodistas del ramo. No más.

En otras palabras, sería una ilusión mental creer que con una Asamblea
Nacional elegida con candidatos únicos y votos negativos al revés —un
sistema estalinista "actualizado"—, que sesiona dos veces al año por
algunos días y cuyas atribuciones están recortadas por un Consejo de
Estado cuyo presidente también lo es del Consejo de Ministros, pueda
conseguirse una saludable separación de poderes en la instancia local.
Si Cuba es un país que se gobierna con decretos y reglamentos, no con
leyes, es excesivamente imaginativo creer que Mayabeque lo va a hacer
tal y como lo soñó Rousseau. Es predecible —cuando empiecen a funcionar
la cadenas burocráticas de mando— que sucederá el relegamiento de la
asamblea local y de su presidente a una situación subordinada similar a
la que padecen sus contrapartes nacionales, con el locuaz Ricardo
Alarcón incluido.

Y es una pena que así sea. Cuba aún posee un potencial muy alto en sus
municipios. El país ha evitado la fragmentación, por lo que sus
gobiernos locales son entidades consistentes, con masas críticas
demográficas y geográficas. Durante mi vida en Cuba, en mis
investigaciones sociológicas sobre el tema, conocí personas muy capaces
y comprometidas socialmente que ocupaban posiciones en los gobiernos
locales y enfrentaban con inteligencia todas las adversidades del medio.
Y no parece que Cuba pueda avanzar si no avanza en una mayor
descentralización del Estado, en un fortalecimiento de los municipios
como entidades de gobierno y en la puesta en juego de todas las
iniciativas creadoras que se despliegan desde las sociedades locales.

Pero no creo que ello esté en las miras de la "actualización" que
propugna el general/presidente Raúl Castro. Los Lineamientos del VI
Congreso —ese shopping list de acciones probables— apenas hablan de
ello, y cuando hablan en su versión final, se debe regularmente a las
presiones que hizo la gente en las discusiones públicas, porque para los
diseñadores del programa, los municipios solo existían para producir
alimentos. La resolución del congreso sobre el tema es aún más parca. Y
el experimento de Mayabeque y Artemisa no creo que tenga más valor
democrático y descentralizador que su intención retórica, ni más efectos
que algunos aplausos supernumerarios que terminarán extinguiéndose según
el perfeccionamiento —trato de seguir la retórica oficial— comience a
ser perfectible.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/la-reforma-de-mayabeque-268062