miércoles, 17 de octubre de 2012

La emigración del hijo pródigo

Reforma Migratoria, Cambios

La emigración del hijo pródigo

Los cambios en la vieja ley de inmigración demuestran las pretensiones
del régimen, que no admite que cualquier empleado de la finca de los
Castros pueda desprenderse del yugo

Alejandro Armengol, Miami | 17/10/2012 10:15 am

Como era de esperar, la nueva política migratoria del Gobierno cubano ha
renovado de inmediato la eterna visión del vaso de agua a medio llenar:
hay quienes saludan lo que podríamos llamar aspectos "positivos", o se
concentran a ver el vaso medio lleno, y otros destacan lo "negativo",
que es el vacío existente entre el contenido del líquido y el borde del
vaso.

Sin embargo, esta discusión resulta interminable porque se produce en
dos planos paralelos. Quienes ven un paso de avance en las nuevas
medidas tienen toda la razón al destacar que hay una serie de
duplicación de pasos y procedimientos engorrosos que han quedado
anulados, al tiempo que se amplían plazos de estancia y se definen
posibilidades, como la de que un exiliado permanente regrese a vivir a
Cuba (algo que en casos aislados ya existía, pero que ahora se establece
de forma extendida aunque regulada).

Por su parte, los detractores del nuevo decreto ley ven de forma
acertada que las principales restricciones que por décadas han estado
vigentes siguen en pie, y el Gobierno cubano mantiene el control
absoluto para decidir —tanto de forma arbitraria como de acuerdo a sus
intereses, la distinción es intrascendente en un régimen totalitario—
quienes salen y quienes entran. Es por ello que la acusación de que se
trata solo de cambios cosméticos tiene una validez absoluta.

Pero más allá de esta discusión hay un terreno práctico, donde se va a
mover la ley, y es el que interesa al Gobierno cubano. Aquí los
objetivos son de dos tipos, y la ley está creada a la perfección para
cumplirlos.

Uno es que la facilidad en los trámites y el alargamiento de los plazos
de estancia tendrá consecuencias inmediatas en facilitar un incremento
de viajes y permanencias en el exterior que desde el punto de vista
económico beneficiará al régimen.

El otro es un fin político, y no se limita al repetido argumento de que
el régimen busca "lavar la cara" o brindar un rostro más amable, de
cambio y comprensión, sino que está destinado fundamentalmente a la
descontextualización de la comunidad de Miami como un exilio político.
Este proceso lleva tiempo en marcha y obedece a razones no solo
dirigidas desde la Isla, sino también propias de un cambio de
circunstancias, pero sin duda la ley se dirige a darle un puntillazo.

A partir de la promulgación del Decreto-Ley No. 302 resultará mucho más
difícil argumentar que cualquier cubano que llega a suelo estadounidense
es en alguna medida un refugiado político que merece una consideración
especial. Aquí vale la pena detenerse brevemente, porque no se trata del
otorgamiento del estatus de "refugiado político" a los efectos legales
ni tampoco de la razón de ser de la famosa "Ley de Ajuste Cubano", pero
desde el punto de vista de imagen y propaganda, hay un cambio de
circunstancias.

La Ley de Ajuste Cubano —promulgada en 1966, durante la presidencia del
demócrata Lyndon Johnson— se fundamenta en que los cubanos no pueden ser
deportados, ya que el régimen de La Habana no los admite, que en
cualquier caso estarían sujetos a la persecución y que en la Isla no
existe un gobierno democrático. La medida deja a la potestad del Fiscal
General, o sea el Secretario de Justicia, su aplicación y "ajuste", y
para su cambio o abolición de forma adecuada requeriría de un acuerdo
migratorio de mayor amplitud entre Cuba y Estados Unidos, especialmente
en lo que se refiere al tema de las deportaciones de criminales,
delincuentes o indeseables. Así que su mantenimiento no depende solo de
Washington, sino también de La Habana. Pero indiscutiblemente es uno de
los temas de propaganda predilectos del régimen, y a no dudar sus
centros de repetición en el exterior se encargarán de hablar contra la
Ley de Ajuste en los próximos meses.

Así que La Habana busca incrementar las ganancias económicas con los
inmigrantes en general y especialmente con los que considera
"respetuosos" y en el exilio llamamos "obedientes", intenta alimentar
los argumentos de propaganda en contra de la Ley de Ajuste y al mismo
tiempo mantiene sin cambios el control no solo sobre la población que
habita en la Isla y quiere viajar y regresar, sino también hacia
aquellos que se fueron, algo que ha tratado de hacer siempre. Y además
lo deja bien en claro. La tan esperada reforma migratoria se ha
reducido, hasta ahora, a un decreto ley que modifica la Ley No. 1312
(Ley de Migración del 20 de septiembre de 1976).

En realidad no hay una nueva política migratoria, sino una vieja
política migratoria, aún vigente, solo que "actualizada" o modificada.
Pero la actualización no es tal, ya que la Ley de Migración que entrará
en vigor en enero de 2013, aunque modificada, resulta completamente arcaica.

No solo la ley es engañosa al sustituir el permiso de salida por el
permiso para tener un pasaporte, algo que no existía anteriormente
simplemente por el vicio de duplicar la represión, sino porque se niega,
de forma irracional, a admitir una pérdida de control sobre los que se
han ido. Es como si el empleado de la finca de los Castros no pudiera
nunca desprenderse del yugo.

En una inversión de la "Parábola del Hijo Pródigo", no se trata del
padre misericordioso ni del perdón hacia el hijo pecador. Es simplemente
la negativa a romper el cordón umbilical. Todo se reduce,
obligatoriamente, a que a su vuelta el hijo debe mostrarse arrepentido.
Y su arrepentimiento tiene un nombre: pasaporte cubano.

Sin un pasaporte cubano, ningún nacido en Cuba puede regresar a la Isla.

Una vez eliminadas las restricciones de los permisos de entrada y de
salida definitiva del país queda en pie la siguiente pregunta: ¿por qué
los cubanos que salen de Cuba de forma definitiva, según las propias
leyes del país, y se hacen ciudadanos de cualquier otro, especialmente
Estados Unidos, tienen que renovar el pasaporte cubano para volver a
entrar a su país de origen, aunque sea por unos días? Pero incluso esta
pregunta pasa a un plano secundario ante una interrogante mayor: ¿por
qué el Gobierno cubano no cumple sus propias leyes?

Si la actual constitución cubana, en lo cual sigue las pautas de la
Constitución del 40, no admite la doble ciudadanía —y fundamenta que una
vez que un cubano adopta una ciudadanía extranjera pierde
automáticamente la cubana—, carece de sentido jurídico que al mismo
tiempo exija el pasaporte cubano para entrar al país a quienes han
nacido en la Isla, pero viven de forma permanente en el exterior y han
adquirido otra ciudadanía.

La cuestión se ha complicado aún más tras la llamada Ley de Nietos,
cuando decenas de miles de cubanos se hicieron ciudadanos españoles.
Hasta ahora la adopción de la ciudadanía norteamericana podría
considerarse traición, venderse al enemigo y cambiar al país por un
pantalón de marca. Al hacerse españoles miles de cubanos han dado un
paso más allá. No solo —de acuerdo al punto de vista del gobierno
cubano— han incurrido en todas las formas de deslealtad enunciadas
anteriormente, sino han demostrado un enorme desprecio por la situación
en que ha caído su país de origen. Las implicaciones son varias y las
lecturas también, desde echar por tierra los ideales independentistas
hasta estar más allá de conceptos en transformación en el mundo moderno,
como es el de patria. Pero en lo fundamental están diciendo a las claras
una sola cosa: la Cuba que ellos conocen no vale una peseta.

Para un gobierno que machaca hasta el cansancio un ideal nacionalista
decimonónico —y cuyos repetidores en el exterior pulsan una y otra vez
la misma tecla— admitir la doble ciudadanía es demasiado. Pero tampoco
parecen estar dispuestos a poner en práctica la ley, y despojar de la
ciudadanía cubana a quienes no la quieren. Incluso dentro de Cuba se han
dado casos de intentos de renuncia de la ciudadanía cubana, en que no se
ha logrado que las instituciones gubernamentales cumplan con las leyes
del país.

Esta doble trampa para el Gobierno cubano es lo que impide que se lleve
a cabo una reforma inmigratoria amplia y completa, como también
contribuye a que el Gobierno cubano no esté dispuesto a un diálogo
profundo y abierto con quienes viven fuera de Cuba, salvo las reuniones
ocasionales con el coro que aplaude y aprueba solo las resoluciones
contra el embargo.

La clave en todo este asunto es que el régimen cubano no considera al
pasaporte como un documento más, al que tiene derecho todo ciudadano,
sino como un privilegio que se otorga como recompensa y se niega como
castigo. Y al mismo tiempo quiere extender ese control al que partió.
Este concepto medieval, del terruño y el origen, no solo es obsoleto
desde hace mucho tiempo, sino que obliga a quienes se someten a ello a
portarse como ingratos hacia el país que los acogió.

Si alguien se hace ciudadano estadounidense o español, y acepta viajar a
la Isla con pasaporte cubano, está no solo tirando al cesto de la basura
la ciudadanía adquirida —y por lo tanto despreciando a la nación, el
gobierno y la población de su nuevo sitio de residencia—, sino
renunciando a sus derechos. Y a estas alturas del juego, ¿vale la pena
obedecer al padre avaro y hacer el papel de hijo pródigo?

http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/la-emigracion-del-hijo-prodigo-280880

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